Los colectivos de pacientes y usuarios recreativos se muestran “decepcionados” con el Gobierno, que está a punto de aprobar un programa terapéutico limitado y por el momento no contempla el uso recreativo mientras Alemania ya permite el consumo en la calle y el autocultivo
Suena Ska-P en la Puerta de Brandemburgo de Berlín y cientos de consumidores de cannabis celebran que Alemania ha legalizado el uso recreativo de la marihuana. Bajo ciertas circunstancias no exentas de contradicciones, cualquier adulto puede transportar, consumir e incluso plantar cannabis en casa en el país germano, locomotora europea.
Mientras varios de los países más avanzados del mundo (la propia Alemania, Canadá, EEUU, entre otros) debaten o aprueban el uso libre y adulto del cannabis, España se mueve una década por detrás: el Ministerio de Sanidad tramita estos días una ley de uso terapéutico muy limitada –dicen las diferentes organizaciones– que ni siquiera permite usar cogollos a los futuros pacientes y que restringe los posibles usos a medicamentos ya existentes en la mayoría de los casos y algunos aceites en contadas ocasiones.
“Alemania es un soplo de esperanza con una política de droga que pone en el centro a los usuarios y los descriminaliza”, conviene José Afuera, vocal de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), “pero en España el Gobierno está haciendo dejación de funciones”. Afuera explica que el movimiento asociativo se mueve ya entre la decepción y la resignación ante la situación en nuestro país, de donde salió el modelo de clubes sociales de consumidores, auspiciado por Confac y que ahora se exporta a todo el mundo.
Superada la demonización que sufrió la planta –iniciada por EEUU y auspiciada por la ONU–, cada vez más países tienen algún tipo de programa de cannabis, sea medicinal, sea recreativo, o los dos. Pero no España, donde el PSOE, partido fundamental en esta cuestión ante el rechazo sin matices de la derecha y el apoyo casi incondicional de la izquierda, se ha negado hasta hace pocos meses a considerar siquiera la posibilidad de una regulación, basándose en que la ONU la consideraba una droga al mismo nivel que la heroína.
“Parece que las reticencias para la regulación [en España] no están basadas en hechos científicos ni en las resoluciones de la ONU, porque Alemania lo ha hecho”, reflexiona Afuera. Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC), lamenta que “España va con un retraso tremendo” y advierte sobre el modelo alemán del aviso a navegantes que supone en un análisis que también realiza Afuera: “Consagra que no va a haber una regulación comercial en un primer momento; la forma de empezar es regulando el autocultivo individual y colectivo. Las fórmulas comerciales tienen el problema de que, como son empresas y quieren ganar dinero, acaban introduciendo medidas para estimular el consumo”, advierte.
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España es hoy un país en el que se celebra Spannabis en Cornellá de Llobregat, que se anuncia como la mayor feria de cannabis a nivel internacional y donde la industria hace negocio, mientras a pocos kilómetros el Ayuntamiento de Barcelona emprende una cruzada contra los pequeños clubes de consumidores y anuncia que quiere cerrarlos todos. Un país donde se plantan hectáreas y hectáreas de cannabis si eres una gran empresa con licencia expedida por el Ministerio de Sanidad para exportar a terceros países (por ejemplo Alcaliber, de Juan Abelló), pero en el que el cultivo casero solo está amparado por un vacío legal y porque el domicilio propio es poco menos que inviolable. Un país que recetó Fentanilo –una droga más peligrosa que el cannabis, según la ONU– a pacientes de dolor hasta hacerlos adictos, pero que no les deja hacerse un té de marihuana o fumarse un porro.
Los distintos grupos civiles muestran “decepción” con el Gobierno. España es un referente en muchos aspectos relacionados con el cannabis, cuentan muchos de ellos, pero solo de puertas afuera. Confac explica que el modelo de clubes sociales de consumidores (CSC) creado aquí se exporta al mundo. “Nosotros hemos asesorado a Uruguay, al estado de Nueva York, Malta, Suiza, estamos ahora con Australia, Sudáfrica… Pero el Gobierno español no nos escucha”, critica la organización, que lamenta su ausencia en el Congreso cuando se debatió el cannabis medicinal.
Carola Pérez, del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), más centrado en el uso terapéutico, recuerda siempre que algunos de los mejores investigadores del mundo de las propiedades del cannabis, como Manuel Guzmán o Cristina Sánchez, trabajan en universidades públicas del país.
Del programa a la nada
El reparto de carteras del Gobierno de coalición dio cierta esperanza a algunos sectores cannábicos. Con el PSOE algo más abierto a algún tipo de regulación –apoyó la aprobación del programa medicinal en el Congreso, aunque luego también la paralizó–, el desembarco de Mónica García en Sanidad y de Pablo Bustinduy en Consumo apuntaba avances en el sector. A fin de cuentas, el partido llevaba la regulación íntegra del cannabis en su programa electoral para las pasadas elecciones.
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Pero el departamento de García retomó el programa medicinal conservador que heredó del PSOE y de la posibilidad de legalización ni se habla. La decepción entre los diferentes colectivos es grande. “Es una vergüenza” de propuesta, lamenta Pérez, del OECM, “y ni siquiera marca una hoja de ruta. Las hojas de ruta tienen plazos, hitos. Aquí no hay nada, hemos perdido dos años y medio”. Dos años y medio si se habla de esta iniciativa medicinal, casi siete si se toma como referencia la primera proposición de ley integral, registrada por Ciudadanos en 2017.
“El programa medicinal era necesario y está bien que se reconozca que el cannabis puede tener un uso medicinal, pero no es un gran avance. No hay ninguna diferencia entre lo que había antes (nada) y el reglamento que han hecho”, sostiene Afuera, de Confac. Madera, del OCCC, defiende que “lo que España pretende vender como un avance es un ensayo clínico en fase IV (la última), ni siquiera es un programa”.
