La batalla contra cualquier regulación de la marihuana que ha iniciado la presidenta madrileña choca con la postura de regidores populares que defienden la creación de empleo y riqueza de las empresas que cultivan en sus ayuntamientos con licencia de Sanidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado una dura batalla contra cualquier regulación del cannabis, incluido la de su uso medicinal, ya que considera “un completo disparate” su legalización. Esa cruzada choca, sin embargo, con la posición de alcaldes de su partido que, en diferentes partes de España, han mostrado apoyo a las empresas que en sus municipios cultivan cannabis con fines terapéuticos con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
En un artículo titulado La marihuana, la más peligrosa de las drogas y publicado el pasado fin de semana en el diario El Mundo, Ayuso afirma que la “legalización conlleva mayor disponibilidad y mayor consumo” dentro de un contexto en el que “la adicción a la marihuana, al cannabis, es ya una emergencia nacional y mundial”. La presidenta de la comunidad y del PP madrileño asegura, además, que “la relación que se quiere hacer entre el cannabis, la salud y lo terapéutico es perversa”, porque los jóvenes “acaban asociando la droga con algo natural, algo bueno”.
Un día antes de la publicación de ese artículo, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, dijo en referencia al proyecto de regulación del cannabis medicinal en España, solicitado por el Congreso hace dos años y ahora en trámite en el Ministerio de Sanidad, que hay administraciones públicas que no parecen ser conscientes de los peligros que conlleva la legalización de una droga que —afirmó— “crea patología orgánica y psiquiátrica”.
La “batalla política, informativa y cultural” que Ayuso ha anunciado contra el cannabis se topa, sin embargo, con la posición que mantienen alcaldes de diferentes puntos de España donde ya se producen miles de kilos de marihuana con fines medicinales, cosecha que ahora se destina por completo a la exportación a otros países donde sí está regulado su uso.
Es el caso de la alcaldesa popular de Fuente Álamo de Murcia, Juana María Martínez, quien en abril de 2022 visitó en la pedanía de Balsapintada las instalaciones de Linneo Health, la mayor empresa de producción de cannabis medicinal de España, con capacidad para extraer de sus invernaderos hasta 25 toneladas al año,
En la difusión que el ayuntamiento hizo de esa visita, se destacaba “la ambiciosa ampliación de su centro de producción” que había hecho Linneo Health, que conllevaba un aumento de la oferta laboral en un municipio de 18.000 habitantes, ubicado en la comarca del Campo de Cartagena. Y, además, en el comunicado se resaltaba “el inequívoco interés” del ayuntamiento en ser “un referente nacional” en empresas tecnológicas.
Linneo Health, empresa propiedad del fondo inversor británico GHO y de Juan Abelló, el magnate español que lideró con Alcalíber la producción mundial de morfina para la industria farmacéutica, agradeció “el continuo apoyo prestado” por el equipo de gobierno municipal para poder llevar a cabo su “ambicioso plan de ampliación, apostando por la innovación y la excelencia”.
Esta empresa declara en su página web que dispone en sus instalaciones de Murcia de un terreno de 4,7 hectáreas para el cultivo y procesado de cannabis medicinal, que ha hecho ya una inversión en bienes de equipo de 35 millones de euros y cuenta con una plantilla de 120 empleados indefinidos.
El “ambicioso proyecto empresarial” en Huelva
El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, quien además es senador y portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta y miembro del Comité Ejecutivo de su partido en Andalucía, visitó también las instalaciones de la empresa que ha empezado a producir cannabis medicinal en la provincia de Huelva con licencia de la AEMPS, Medical Flowers.
Tras la visita, Juan Manuel González calificó la iniciativa de Medical Flowers, dirigida por empresarios del potente sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva, como “un ambicioso proyecto empresarial”. “Como alcalde me siento muy orgulloso de que gente de nuestro pueblo tengan la iniciativa de convertirse en uno de los pocos proyectos autorizados para su aprobación en nuestro país. Gracias por el impulso, por el tesón y por apostar por Lepe”, declaró el alcalde.
El Ayuntamiento de Lepe, que gobierna el PP con mayoría absoluta, aprobó en septiembre el proyecto de actuación de Medical Flowers en una parcela de un polígono del municipio, con una duración prevista de 20 años, sometido a las determinaciones y limitaciones dispuestas en materia de aguas por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
El “referente” en cannabis de Soria
En Soria, otro ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta, el de Garray, situado a menos de diez kilómetros de la capital, ha apoyado también un proyecto de cultivo de cannabis medicinal en el que era el mayor invernadero de rosas rojas de Europa, Ondara. Su alcaldesa, quien, además, es la vicepresidenta primera de la Diputación y coordinadora de la campaña del PP en esa provincia para las próximas elecciones europeas, María José Jiménez de las Heras, ha defendido abiertamente la iniciativa por el empleo y la riqueza que puede generar en su municipio: “lo que importa son los puestos de trabajo”, subrayó.
“Garray era un referente en rosas y ahora lo será en cannabis medicinal”, llegó a decir la alcaldesa popular en los inicios de un proyecto que sigue pendiente de la concesión de una nueva licencia de la Agencia Española de Medicamentos del Ministerio de Sanidad para dar salida a una primera cosecha de 9.000 plantas de cannabis que alcanzó los 1.000 kilos.
Los invernaderos de Ondara, que tienen una extensión total de 14 hectáreas, forman parte del Parque Empresarial del Medio Ambiente promovido por la Junta de Castilla y León en Garray, donde se había instalado también una planta de generación energética con biomasa y una estación depuradora de aguas residuales. Sin embargo, el proyecto que partía con los 230 trabajadores de la anterior empresa que cultivaba rosas ha ido decreciendo considerablemente con el tiempo, tras despidos y sucesivos ERTE, a la espera de la autorización de la AEMPS para poder vender su producción.
Otras administraciones gobernadas por el PP, como la Junta de Andalucía, tampoco han hecho ascos al cannabis medicinal. Desde que Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta en 2019, esta administración autonómica ha ingresado más de 120.000 euros por la realización de tres trabajos de investigación para dos empresas que trabajan en el estudio y desarrollo del uso terapéutico de la marihuana con licencias de la AEMPS.
La Consejería de Salud y Consumo, el departamento de la Junta que tiene las competencias de drogas, elabora cada dos años un estudio denominado La población andaluza ante las drogas, en el que se pregunta a la ciudadanía si está a favor o en contra de permitir el uso terapéutico del cannabis para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Y la encuesta de 2022, la última publicada, refleja que el 70,6% de la población andaluza está “de acuerdo o muy de acuerdo” con permitir ese uso medicinal de la planta de la marihuana.
En toda España, el porcentaje de población que apoya la regulación del uso medicinal del cannabis es aún mayor, según la última encuesta del CIS en la que se preguntó por este tema, la realizada en abril de 2021. Ese sondeo reflejó que el 90,1% estaba a favor de la venta de cannabis para uso médico, un porcentaje que se reducía al 49,7% si era para fines recreativos. Aunque el popular fue el único grupo, junto a Vox, que votó en contra del dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso que en junio de 2022 solicitó la regulación del uso medicinal del cannabis en España, el PP no mostró entonces una posición tan visceral en contra de su legalización como la que ahora destila su presidenta madrileña.
En el Congreso, el PP alegó que aún no hay evidencia científica suficiente para garantizar la eficacia y seguridad de medicamentos y preparados con componentes del cannabis, advirtió de un posible aumento del consumo entre los menores de edad a causa de la legalización y abogó por la elaboración de un libro blanco en el que se analicen todos los factores antes de proceder a una regulación del uso medicinal de esta planta.
Israel, una de las potencias mundiales del cannabis
Tras las últimas declaraciones de Ayuso, la ministra de Sanidad, Mónica García, le respondió a la presidenta madrileña que estaba “confundiendo términos”, porque su departamento únicamente “ha sacado del cajón la regulación del cannabis medicinal”, que cuenta, dijo, con la suficiente evidencia científica posible para llevarlo a cabo.
Pero a pesar de no contar aún con una regulación de su uso, España se ha convertido en la séptima potencia mundial en producción lícita de cannabis medicinal. La AEMPS ha notificado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) una previsión de producción de 36 toneladas de cannabis medicinal en 2024, un 53% más que en 2023, año en el que ya se había cuadruplicado el rendimiento del cultivo con autorización administrativa.
Entre los seis países que superan a España en producción de cannabis medicinal se encuentra Israel —con una previsión de 97,5 toneladas este año—, a cuyo gobierno ha defendido reiteradamente la presidenta de la Comunidad de Madrid tras el comienzo de la guerra en Gaza, acusando de antisemitas a quienes lo critican. Sin embargo, en su artículo contra la regulación de la marihuana, Ayuso únicamente menciona los casos de EEUU y Canadá, “cuyas ciudades —dice— se llenan de zombis y de olor a porro: el olor de la decadencia”.