La manifestación sucedió mientras el Congreso debate un proyecto de ley para endurecer las penas por la posesión de las sustancias ilícitas.
El pasado domingo, miles de personas marcharon por las calles de Sao Paulo, en Brasil, para pedir la despenalización total del cannabis y que se regulen todos los usos de la planta. La protesta sucedió en un contexto donde el Congreso debate una propuesta para endurecer las penas de la posesión de cualquier tipo y cantidad de sustancia ilícita.
La concentración comenzó pasado el mediodía en la Avenida Paulista, una de las principales arterias de la capital de una de las ciudades del país sudamericano. Luego, se marchó hasta el Congreso Nacional de Brasil para pedirle a las autoridades legislativas no solo que cesen la avanzada prohibicionista, sino que se termine la guerra contra las drogas y se sancione una regulación que contemple no solo todos los usos del cannabis, sino también que se conceda el derecho al autocultivo y el cultivo asociado de la planta. En Brasil, ya existen más de 200 asociaciones que han recibido permisos judiciales para producir los derivados del cannabis para sus miembros.
Además, el país permite la importación de productos y su venta en farmacias, con el único requisito de una receta médica. Sin embargo, estos fármacos no son accesibles económicamente para la mayoría de la población y la mayoría de los profesionales de la salud que indican la terapia con la planta suelen ser privados.
“La marihuana está legalizada para algunas pocas personas como medicina en la farmacia. Al mismo tiempo sirve de excusa para el encarcelamiento, torturas y prisiones”, dijo el abogado y activista Michael Dantas, uno de los organizadores de la marcha brasileña de la marihuana, en diálogo con AFP.
La manifestación brasileña a favor del cannabis ha sucedido en un contexto político que, al menos, resulta delicado. El Congreso está debatiendo un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad de las mismas. De esta manera, no habría distinción penal entre un poderoso narcotraficante y un simple usuario. Human Rights Watch ha calificado la iniciativa como “un retroceso gravísimo”.