¿Cuánto tiempo llevan existiendo las asociaciones cannábicas en nuestro país? El tiempo pasa, 31 años del origen de las primeras asociaciones en España. Durante la elaboración de mi tesis doctoral sobre el movimiento cannábico, en el 2008, describí las fases por las que ha pasado dicho movimiento. Para la elaboración de este artículo, sin embargo, he creado una última etapa en la que nos encontramos inmersos.
© Isidro Marín Gutiérrez
Primera etapa: desde las primeras asociaciones hasta el primer cultivo colectivo (1987-1993)
Para empezar a hacer una cronología del movimiento debemos remontarnos hasta 1987, momento en el que se creó en Madrid la asociación ACDC (Asociación de Consumidores de Cannabis), Madrid era la sede de la Movida, y es allí donde se inició el movimiento pero no tuvo continuidad. En 1990, en Navarra, se creó la Asociación por la Legalización de las Drogas que tampoco duró.
LA PRIMERA ASOCIACIÓN CANNÁBICA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y DURADERA FUE LA ASOCIACIÓN RAMÓN SANTOS SOBRE ESTUDIOS DEL CANNABIS (ARSEC), REGISTRADA EN 1991
La primera asociación cannábica legalmente constituida y duradera fue la Asociación Ramón Santos sobre Estudios del Cannabis (ARSEC), registrada en 1991 en Barcelona. La ARSEC buscaba la normalización con respecto al cultivo y consumo del cannabis. El nombre de Ramón Santos se debe a un abogado que defendía a los consumidores de sustancias prohibidas ante los tribunales fallecido cuatro años antes de la creación de la ARSEC. Esta asociación contaba en marzo del 2001 con unos 3.000 socios. La asociación se dio a conocer en las páginas de la revista de humor Makoki. Los estatutos de la ARSEC sirvieron a otras asociaciones. Así nacieron ARSECA (de Málaga); la ARSECSE (de Sevilla); ARSEK (en Santa Coloma de Gramenet) y otras «asociaciones de estudios» que fueron surgiendo.
Un factor que estimuló el nuevo activismo fue la entrada en vigor de la Ley 1/92 o “Ley Corcuera”, de manera que, tras la ARSEC, aparecieron con ímpetu entre 1994 y 1997, AMEC (Madrid), KALAMUDIA (Bilbao), ACAC (LeGaliza, en A Coruña), SECA (Zaragoza), AECA (Huelva), AMA (Albacete), AECA (Salinas, Asturias), Amigos de María (León), AlaCannabis (Alacant), Bena Riamba (Valencia), AMIC (Mallorca), etc. Asociaciones que en su mayoría han desaparecido.
En 1993 se llevó a cabo una plantación colectiva, en Reus, por parte de la asociación cannábica ARSEC, eran 97 socios que plantaron dos por persona, para el consumo de sus socios, sin ningún afán lucrativo. La audiencia de Tarragona los absolvió en primera instancia, a los cuatro encausados, Jaume Torrens, Jaume Prats, Josep Baltierrez y Felipe Borrallo, quienes luego, en 1997, fueron condenados por el Tribunal Supremo, por “peligro abstracto”, a cuatro meses de arresto mayor y de multa medio millón de pesetas por un delito contra la Salud Pública. Se solicitó recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que fue denegado (Matthews, 2002:60). Éste fue un importante hito que impulsó a un contagioso asociacionismo.
Segunda etapa: aumento de asociaciones, primer intento de federarse, primeras publicaciones hasta llegada al Congreso (1994-2001)
Se entendió la necesidad de dar cuerpo legal al incipiente colectivo asociacionista y unirse. En 1995 aparece el Primer Encuentro Estatal de Organizaciones por la Normalización de los Derivados del Cáñamo Indico (El País 22/05/1995). La asociación ARSEC pidió autorización para abrir un local donde fumar cannabis como un experimento para demostrar que la legalización del cannabis no supondría ningún problema. Para acceder al local era necesario ser mayor de edad y rellenar una ficha.
En Barcelona, en 1996, se creó la Coordinadora Estatal de Asociaciones por la Normalización del Cannabis. Se aprovechó para presentar en Madrid, ante la opinión pública, a la Coordinadora y se desplegó la campaña «Contra la Prohibición, Me Planto». Aquella primera acción «Me Planto» promocionó a la Coordinadora a pesar de que nunca llegó a adquirir cuerpo jurídico-legal como Coordinadora o Plataforma. Y en 1997 se celebró un acto en Madrid de la Coordinadora Estatal de Organizaciones por la Normalización del Cannabis (CEONC). Unas 40 personas integraron la quincena de organizaciones representadas con más de 5.000 socios. Felipe Borrallo, presidente de la ARSEC, lanzó la idea de coplantación de cannabis. En 1998 se celebró la última reunión de la Coordinadora en Madrid. Las Asociaciones existentes fueron ocho (AMEC, ARSEC, ARSECA, AECA, AMA, LEGALIZA, AMIGOS DE MARÍA y KALAMUDIA) los observadores fueron las revistas Cáñamo y El Cogollo, el grupo político Izquierda Unida y la Sociedad de Profesionales de la Psicofarmacología. En ella hubo un repaso por las situaciones de las asociaciones y las actividades celebradas.
En 1995, un número especial de la revista Ajoblanco ofrecía un listado de 10 asociaciones cannábicas. Y fue a finales de 1996 cuando se forjó, en una asamblea de la ARSEC, la idea de una revista cannábica de gran tirada. Uno de sus fundadores fue Gaspar Fraga al que siempre recordaré ya que me ayudó mucho en terminar mi tesis doctoral y siempre le estaba pidiendo libros. En mayo de 1997 apareció en los quioscos Cáñamo, actuando como aglutinador del movimiento, dando imagen de normalización y siendo muy bien acogida entre asociacionistas y consumidores.
Importantes logros asociacionistas han sido, tanto las plantaciones de Kalamudia, como las manifestaciones, las jornadas, las fiestas y las Copas de Marihuana institucionalizadas a partir del ejemplo de los madrileños de AMEC y la ARSECA. Enseguida, estos eventos cannábicos se multiplicaron entre las asociaciones dando lugar a nuevos espacios de tolerancia en donde apenas han tenido problemas con las autoridades.
En el año 2001 el Congreso de los Diputados celebró, por primera vez en su historia, la comparecencia de una asociación cannábica, que defendió la normalización del consumo de cannabis ante los miembros de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas (El Mundo 28-5-2001; El País 30-5-2001). La Plataforma Nacional por la Normalización del uso del Cannabis informó sobre la situación y «la problemática de los consumidores de marihuana», a petición del Grupo Parlamentario Catalán. Esta plataforma defendió la normalización del cannabis; así como la despenalización del autocultivo y el consumo público. Esto supondría la modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica para la Seguridad Ciudadana o “Ley Corcuera”. Los representantes de la plataforma fueron Jaime Prats y Martín Barriuso, y el catedrático de Farmacia Joan Ramón Laporte. Jaime Prats dijo:
“Estamos aquí en representación de una parte de los consumidores y queremos denunciar ante esta Comisión lo que es un déficit democrático para ellos, porque somos consumidores de un vegetal que tiene su mercado totalmente prohibido; eso supone estar fuera de la ley cuando se quiere obtener este objeto de consumo. Queremos denunciar también que desde 1992, con la aprobación de la Ley Corcuera y la Ley de Seguridad Ciudadana, más de 50.000 personas al año son objeto de sanciones administrativas por el simple hecho de que toda tenencia, incluida la del propio consumo, es ilícita, por lo tanto, sancionable. Es por lo que transmitimos a esta Comisión mixta sobre la problemática de la droga, el sentir de una parte significativa de la población española. Esperamos que se nos tenga en cuenta y que se derogue esta ley para después legislar para regular un nuevo mercado. Se trata de tener despenalizada la producción para el autoconsumo” (Comisiones Mixtas, 2001: 914).
EN 1993, ARSEC LLEVÓ A CABO UNA PLANTACIÓN COLECTIVA, EN REUS
Se afirmaba que el cannabis es una droga blanda para uso lúdico con propiedades terapéuticas para algunos enfermos, algo aprobado por el Parlamento de Cataluña y estudiado por la Junta de Andalucía. Aseguraron que el cannabis en su estado ilegal genera un mercado negro que favorece la aparición de mafias, que se enriquecen adulterando la sustancia. Argumentaron sus escasos efectos dañinos frente a las consecuencias de drogas legales como el alcohol y el tabaco e ilegales como la cocaína o la heroína: «No ha provocado una sola sobredosis en 4.000 años de uso… La dependencia real del cannabis es parecida a la de la cafeína»… «No obligamos a nadie a fumar cannabis. Sólo queremos fumarlo sin adulterar y sin ser perseguidos». Los diputados acogieron las tesis según ideología. Izquierda Unida se entusiasmó con todo, el PSOE apoyó la derogación de algunos puntos de la ley Corcuera; a CiU, que fue la que invitó a la Plataforma, le convenció el uso terapéutico pero no el recreativo; el PNV dudó mucho y el PP dijo que el cannabis «es una antesala de otras drogas». Así, tras el fracaso obtenido con el Defensor del Pueblo, ante cuya oficina se denunció el uso abusivo de la «Ley Corcuera», llegó esta inesperada Comparecencia ante una comisión de las Cortes Generales. Puso de relieve la necesidad de constituir seriamente una Coordinadora o Federación de asociaciones para dar voz al colectivo cannábico.
Tercera etapa: Preocupación por parte de las instituciones e intentos por prohibirla (2002-2004)
Durante el año 2002 se recrudeció la presión a los los grow shops realizando inspecciones por parte de la Administración. Los últimos plantes del gobierno de José María Aznar habían revitalizado el tema. Frente a la dialéctica alarmista del Gobierno, y tras las declaraciones del Ministro de Interior, Ángel Acebes (El Mundo, 25/07/2003) y las del director de su Plan Nacional sobre Drogas, se unieron finalmente las asociaciones cannábicas creando la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas), así como de los grow shops, de los consumidores y de todos los actores del movimiento cannábico (las revistas, los bancos de semillas, etc…). Se estaba intentando crear una Plataforma que representase a todos los involucrados que transmitiese con legitimidad ante la opinión pública sus reivindicaciones. A finales del año 2003, alarmados por los datos que señalaban un aumento del consumo de cannabis en la población española, los responsables del Gobierno constituyeron un comité de “expertos” para evaluar la situación respecto al cannabis y proponer medidas que frenaran la expansión de su consumo. En Gobierno buscaba coartadas para endurecer el tratamiento penal y administrativo a los growshops y revistas cannábicas, que podían ser acusados de “apología de las drogas”. El atentado del 11-M en Madrid y el vuelco electoral tres días después disiparon estos peligros para los intereses cannábicos. El siguiente gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una visión menos amenazadora contra los que apoyan el cannabis. Pero pasaron los cuatro años y no se apreciaron grandes cambios en las políticas en relación al cannabis. Pero también aparece durante estos últimos años cierta autocrítica:
“Lo cierto es que el músculo del movimiento cannábico parece haber perdido fuerza. Salvo escasísimas y muy honrosas excepciones, no hay presencia mediática, no existen acciones coordinadas de desobediencia civil o de presión política, no hay una asunción clara de objetivos ni, por supuesto, nada parecido a una estrategia para conseguirlos. No quisiera que se entendiera esta percepción como un menosprecio hacia las muchas personas que, con tesón, constancia e inteligencia, están moviéndose para cambiar las cosas, ni a las asociaciones y grupos que trabajan, discuten y se movilizan por ello. Pero, por mínimo que sea nuestro sentido autocrítico, convendremos en que algo, e incluso mucho, hay de cierto en lo que digo” (Cebrián, Cáñamo nº 69: 17).
Cuarta etapa: Los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) (2004-2014)
Aunque el primer Club hizo su aparición en el año 2001 con el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB) no comienzan a ser significativas hasta el año 2004. En diciembre del 2010 se presentó un modelo de CSC ante los responsables de la Unidad Anti-Droga de la Comisión Europea.
Para pertenecer a un CSC hay que ser mayor de edad, estar avalado por otro miembro, pagar la cuota anual y esperar unos días en la tramitación de la solicitud, así se evitarían a los turistas. El CSC debe de estar registrado y tener una normativa clara que los regule. Los CSC deben de estar debidamente registrados y no molestar al vecindario.
Los CSC pueden generar en España unos 7.500 puestos de trabajo directos, 30.000 puestos de trabajo indirectos. Generaría unos 155 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y unos 367 millones de ingresos directos a las distintas administraciones (Barriuso Alonso, 2011:6). Este sector genera 5 millones de euros al mes tan solo en Cataluña.
El crecimiento de las CSC es exponencial, en el año 2011 existían 40 CSC en Cataluña, actualmente tenemos 400 CSC. Según la Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña (FEDCAC) son 165.000 asociados en toda Cataluña. Algunas CSC tienen más de 5.000 socios. Barcelona encabeza en la clasificación de la página web WeBeHigh (http://webehigh.org/) como destino favorito para los viajeros amantes de la marihuana. Hoy en el País Vasco existen 77 CSC con unos 10.000 socios. Para toda España las cifras son de 800 CSC.
Los CSC ahora están en lucha, actualmente en Barcelona 50 CSC han cerrado, esto supone que han cerrado 1 de cada 3. Lo mismo ha ocurrido en Málaga, en donde la policía local ha desmantelado dos CSC como si fueran peligrosos delincuentes. En el caso de Cataluña la Guardia Urbana apuntaba deficiencias en el funcionamiento de los CSC, carencias en la ventilación, hacían publicidad, no acreditaban el origen de las plantaciones, problemas de convivencia con los vecinos, estaban abiertos al público en general y entrada de menores de edad.
El actual gobierno del conservador Mariano Rajoy con su visión obtusa de las cosas en vez de aprovechar el tirón turístico y recaudar impuestos se dedica a aumentar las penas por tenencia y consumo en los espacios públicos y se plantea prohibir expresamente el cultivo de cannabis aunque sea para autoconsumo. No sabe que los tiempos están cambiando y que pronto llegará su juicio electoral.
Bibliografía
Barriuso Alonso, M. (2011) Los Clubes Sociales de Cannabis en España. Transnational Institute, nº 9.
Marín Gutiérrez, I. (2008). La cultura «cannábica» en España (1991-2007): análisis socioantropológico de un nuevo tipo de movimiento social. Universidad de Granada. Granada.