La reciente declaración de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, respecto a la administración de cannabis medicinal, refleja una postura alarmista y desconectada de la realidad científica y social.
La señora Matute pide “la mayor garantía” en la dispensación de preparados de cannabis para evitar que la región sea “una puerta de entrada” a las drogas, mencionando a Estados Unidos como ejemplo de un supuesto fracaso. Este argumento merece ser analizado y rebatido desde una perspectiva informada y basada en hechos.
El cannabis medicinal: una alternativa terapéutica validada
Primero, es fundamental recordar que el uso medicinal del cannabis no es un experimento social ni un capricho ideológico. Numerosos estudios internacionales avalan su eficacia en el tratamiento de condiciones como el dolor crónico, la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, las náuseas inducidas por quimioterapia y ciertas formas de epilepsia refractaria. Estas aplicaciones no son “alternativas” anecdóticas, sino soluciones terapéuticas reconocidas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La idea de que el cannabis medicinal representa una puerta de entrada a las drogas es un mito ampliamente desacreditado. En los países donde su uso está regulado, no se ha registrado un aumento significativo en el consumo recreativo o en problemas de adicción derivados de su aprobación.
El ejemplo estadounidense: una visión parcial e inexacta
Mencionar a Estados Unidos como un ejemplo de lo que se debe evitar resulta simplista. En realidad, el sistema estadounidense de regulación del cannabis varía considerablemente entre estados, lo que dificulta sacar conclusiones uniformes. Sin embargo, en estados como Colorado o California, donde el cannabis medicinal y recreativo está regulado, se han documentado beneficios como una reducción en el consumo de opioides y un aumento en la calidad de vida de los pacientes.
Además, el éxito o fracaso de una política no puede medirse solo por anécdotas aisladas, sino por datos concretos. En España, donde la cultura del consumo responsable y la investigación científica tienen un peso relevante, es posible implementar un modelo de regulación seguro y eficaz que evite los errores de otras geografías.
Garantizar la calidad, no perpetuar el estigma
Si la preocupación de Matute es la garantía en la dispensación de preparados de cannabis, esto es algo que ya se contempla en las recomendaciones de los expertos. Los preparados magistrales estandarizados se producen bajo estrictas normativas de calidad, como cualquier otro medicamento. La trazabilidad, el control de dosis y la supervisión médica son pilares fundamentales en cualquier país donde se ha legalizado el cannabis medicinal.
En lugar de perpetuar el estigma en torno al cannabis, es responsabilidad de los responsables políticos promover un debate informado, basado en la evidencia científica y en la experiencia de los países que ya han dado este paso. La regulación no solo protege a los pacientes, sino que también evita que el mercado negro sea la única opción para quienes necesitan este tipo de tratamiento.
Un llamado a la responsabilidad y la información
Fátima Matute y otros detractores del cannabis medicinal deben dejar de lado el alarmismo y abrazar una visión más progresista y fundamentada. Negar el acceso a una opción terapéutica validada por la ciencia es un acto de irresponsabilidad que afecta directamente a miles de pacientes que podrían beneficiarse de ella.
En España, tenemos la oportunidad de liderar con un modelo de regulación que garantice seguridad, calidad y acceso equitativo. Hagámoslo por quienes más lo necesitan, dejando atrás los prejuicios y avanzando hacia un futuro más compasivo y basado en el conocimiento.