La formación morada ve “razonable” la propuesta del Gobierno de realizar ensayos clínicos previos para garantizar la ausencia de efectos adversos en el uso medicinal de la planta.
El grupo de Unidas Podemos considera un “punto de partida” para trabajar en la regulación de la marihuana la respuesta parlamentaria del Gobierno adelantada por Público. En ella, el Ejecutivo anuncia que la puesta en marcha de programas de uso medicinal del cannabis “se tomará, en su caso, ponderando la evidencia que exista sobre su eficacia terapéutica y los efectos adversos” de su uso. Sin embargo, la formación morada va mucho más allá y está preparando una propuesta de ley de uso integral (terapéutico y recreativo), que actualiza la que ya presentó al final de la anterior legislatura y que espera poder consensuar con el PSOE, su socio de gobierno.
En la reciente entrevista con este periódico, el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablos Iglesias, dijo, al ser preguntado si se planteaba algún tipo de regulación del cannabis en España como ya se ha hecho en otros países: “No he convencido todavía a Pedro Sánchez. Cuando se lo digo, se ríe, y yo le digo: presidente, no te rías, que esto son muchos recursos. En mi opinión, el debate sobre esto no es si hacerlo o no, sino quién lo hace primero. Esto va a ocurrir, es imparable: el cannabis se va a legalizar en todas partes”.
Y su grupo parlamentario está trabajando en ello. Ha retomado la propuesta de regulación que elaboró en la anterior legislatura, cuando se encontraba en la oposición, con un enfoque integral que abarca el uso recreativo y medicinal del cannabis, el autocultivo, la exportación e importación, el funcionamiento de las asociaciones, estrategias de educación y consumo responsable y un régimen sancionador, y le ha incorporado algunos aspectos nuevos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores de los clubes de usuarios. Según su diputada Lucía Muñoz, portavoz en la Comisión Mixta para el Estudio del problema de las Drogas, la propuesta se encuentra muy avanzada y se está elaborando desde el diálogo con las principales organizaciones del movimiento cannábico.
La intención de Unidas Podemos es “acercar posiciones” con el grupo socialista, su socio de gobierno, para llegar a presentar una iniciativa conjunta en la que también podrían participar otras formaciones parlamentarias, aunque sin fijar un plazo para ello, salvo el horizonte que marca el final de la legislatura, en la que, dice Lucía Muñoz, debería darse el “avance hacia la sensatez” que supone regular el uso del cannabis y alejarse de las “ineficaces” políticas prohibicionistas.
De momento, el Gobierno ha adelantado sus intenciones al precisar, en la respuesta a una pregunta del Grupo Vasco sobre la regulación del uso medicinal del cannabis, que considera necesario más evidencias científicas mediante ensayos clínicos para verificar su idoneidad y despejar dudas acerca de los riesgos de su consumo. A juicio de Unidas Podemos, ese deseo del Ejecutivo de obtener mayores garantías y seguridad es razonable y aceptable, por lo que entiende que su anuncio supone un punto de partida para poder trabajar en iniciativas encaminadas a algún tipo de regulación.
Sin embargo, Lucía Muñoz sostiene que ya existen evidencias científicas suficientes en otros países de nuestro entorno que han puesto en marcha programas de uso del cannabis y considera “urgente” tomar medidas para acabar con el “sufrimiento” que han padecido muchos pacientes que durante el confinamiento por la covid-19 no pudieron acceder al cannabis que tomaban con fines terapéuticos.
El Grupo Socialista guarda silencio
El Grupo Socialista, preguntado por este periódico el mismo día que el Gobierno remitía su respuesta a la pregunta parlamentaria del Grupo Vasco, eludió hacer valoraciones sobre la regulación del cannabis y cualquier propuesta que pudiera plantearse desde el Congreso de los Diputados en ese ámbito, alegando que ahora están en otros temas. Sin embargo, en el programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones generales, el PSOE se comprometió a “constituir una comisión de estudio para abrir un debate en profundidad sobre el conocimiento del cannabis y sus efectos sobre la salud”.
Anteriormente, en su último Congreso Federal, el número 39, celebrado en junio de 2017 tras haber ganado Pedro Sánchez las primarias a Susana Díaz, el PSOE aprobó una resolución en la que se mostró partidario de “diferenciar los usos terapéutico y lúdico de los cannabinoides“. En cuanto al uso medicinal, abogó en concreto por “estudiar y regular sus posibles aplicaciones terapéuticas con el criterio de máxima seguridad para el paciente y evidencia científica”, posición que se sitúa en línea con la argumentación que ha dado el Gobierno a la pregunta del Grupo Vasco sobre las intenciones del Ejecutivo en torno a la regulación del cannabis con fines médicos.
Un mes después, las Juventudes Socialistas del PSOE aprobaron en su congreso la defensa de una solución a la posible legalización de las “drogas declaradas como blandas (cannabis, etc.)” que permita su consumo a través de un control sanitario suficiente que garantice un uso seguro y la lucha contra las mafias que se generan en torno a su comercio ilícito, para, de ese modo, facilitar también unos “ingresos extra para la sanidad pública española” mediante el gravamen de estas sustancias.
Esquerra Republicana, uno de los grupos parlamentarios que propició con sus votos la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que en la anterior legislatura presentó una proposición no de ley para solicitar una regulación integral del cultivo y consumo de cannabis en España, prefiere ahora también guardar silencio acerca de su postura actual en este tema. Aunque ERC sigue siendo totalmente favorable a la legalización, fuentes de la formación catalana señalaron a este periódico que la formación ha abierto un debate sobre los límites de la regulación y otros aspectos legales relacionados con el uso del cannabis.
El PNV, otro de los pilares sobre los que se sostuvo la investidura del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, ha mostrado ya su interés en este asunto con la pregunta que su diputada Josune Gorospe presentó el pasado junio para saber si el Gobierno tiene previsto acometer la regulación del cannabis para uso médico en el Estado español dotando a los pacientes de “los mismos derechos y garantías que ya disfrutan miles de pacientes en otros países del entorno”.
La posición del PNV, según han señalado a este periódico fuentes de su grupo parlamentario, es ésta: “Somos conscientes de que la regulación del uso del cannabis es un debate presente en la sociedad vasca, también en la española, y más allá de las fronteras del Estado muchos países lo han abordado ya de distinta forma. Como no puede ser de otra manera, EAJ-PNV está abierto a enfrentar esta cuestión, a estudiarla a fondo y realizar una reflexión desde todas las ópticas para avanzar en una cuestión que, desde hace ya varios años, está presente en la agenda política”.
Otro de los grupos que con sus votos podría decidir la mayoría parlamentaria para aprobar un nuevo marco normativo sobre la marihuana es el de Ciudadanos, que en su programa electoral se comprometió a regular el cannabis de uso terapéutico, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas, y que ya votó en el Parlamento catalán a favor, al igual que el PSC, de la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis que, posteriormente, fue declarada inconstitucional por invasión de competencias estatales tras un recurso del PP.
Contactos con el movimiento asociativo
Varias organizaciones de usuarios de cannabis han mantenido contactos con los grupos políticos para tratar de impulsar iniciativas en el Congreso que propicien avances en la regulación de la marihuana en España, donde las autorizaciones para su cultivo con fines de investigación o de producción medicinal que concede el Ministerio de Sanidad se rigen todavía por una norma preconstitucional aprobada en 1967, la Ley de Normas sobre Estupefacientes para adaptarlas al Convenio de 1961 de Naciones Unidas, y una Orden de 1963 sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes.
La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFac), que el pasado febrero llevó a cabo un simbólico reparto de cogollos de cáñamo delante del Congreso, está intentando alumbrar una propuesta de regulación con el mayor número posible de grupos para hacerla viable. “Es un trabajo de hormiguitas“, reconoce su portavoz, Ana Afuera, quien ve “avances”, pero a la espera de la posición que pueda adoptar el PSOE. A su entender, la formación socialista, por número de diputados y por su participación en un gobierno de izquierdas, tiene la llave para sacar adelante una iniciativa regulatoria y ratificar a nivel estatal la posición favorable que adoptó en los parlamentos de Cataluña, Navarra o País Vasco en torno a nuevas normativas aperturistas sobre el uso del cannabis.
El Observatorio Español del Cannabis Medicinal y el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis también han mantenido contactos con los grupos parlamentarios. Este último llegó a presentar una propuesta de ley con 123 artículos, seis disposiciones adicionales y cuatro finales, en la que se regula el cultivo de la planta destinada a uso medicinal y terapéutico, el acceso a las semillas, la distribución de su producción, las asociaciones de usuarios y un amplio régimen sancionador para las infracciones de esta normativa. Sin embargo, su portavoz, Hugo Madera, lamenta que, pasado el tiempo, el único avance que se ha visibilizado “es que el presidente del Gobierno se ríe con las cosas que le cuenta Pablo Iglesias” sobre lo que están haciendo otros países con el cannabis y lo que se podría hacer en España. “No se puede reír de eso –sostiene Madera- cuando el barómetro del CIS señala que el 84% de la población española está a favor de legalizar el cannabis medicinal y el 47% lo aprueba para un uso recreativo, y cuando estamos soportando más intervenciones judiciales y policiales que nunca de clubes y entidades cannábicas”.
Las afirmaciones del Gobierno en su respuesta parlamentaria están causando gran malestar entre una buena parte del movimiento asociativo. La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis considera que más que riesgos en el uso de esta planta hay “ineptitud” del Ejecutivo. Esta organización subraya que ya hay “infinidad de ensayos clínicos” que recomiendan su uso, entre otros fines para paliar el dolor, y que han sido publicados en organismos de los gobiernos de Canadá, Australia, Israel o Estados Unidos. “El Gobierno español, por tacticismos políticos, es incapaz de llegar a acuerdos que la sociedad pide. No piensa ni actúa por el bien de la ciudadanía”, concluye la Unión de Pacientes.
